Decimoséptima adición al Concepto General sobre el impuesto sobre la renta a cargo de las personas jurídicas con motivo de la Ley 2277 de 2022.
Cuando exista una convocatoria limitada a Mipyme y el proponente se presente al proceso como estructura plural, éste proponente deberá estar integrado en su totalidad por Mipyme, como quiera que el sujeto objeto del incentivo es la Mipyme debido a su tamaño empresarial y no en función de su participación como proponente singular o plural.
El régimen laboral colombiano –tanto en el sector particular como en el público-, opta en general por un sistema de estabilidad laboral impropia o relativa, que consiste en que el empleador privado u oficial puede dar por terminado el contrato de trabajo, bien aduciendo una justa causa, o en ausencia de ésta pagando una indemnización al trabajador (salvo situaciones de estabilidad reforzada).
La autoridad disciplinaria, en el momento de emitir la decisión declaratoria de responsabilidad, debe tener la convicción y la certeza probatoria que efectivamente el servidor publico incurrió en la conducta reprochada y ante la existencia de dudas al respecto, deben resolverse en favor del investigado, en aplicación del principio in dubio pro disciplinado, toda vez que no logra desvirtuarse su presunción de inocencia.
Se busca establecer un descuento por restricción vehicular para los contribuyentes del impuesto sobre vehículos automotores de servicio particular en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones.
Validez de los conceptos del CTCP.
Los BEPS al ser clasificados como parte de los servicios complementarios del Sistema Integral de Seguridad Social, funcionan como un mecanismo autónomo e independiente del Sistema General de Pensiones (SGP). Por lo tanto, no constituyen ni reemplazan una pensión, aunque coexistan con este régimen. En consecuencia, no pueden recibir el tratamiento tributario aplicable al régimen de pensiones.
La reserva de los procedimientos relacionados con los trámites de adopción de niños, niñas y adolescentes busca proteger el interés superior de esa población y garantizarles su desarrollo integral y armónico con la familia adoptiva.
La Administración, al expedir y notificar el acto de determinación que modifica o extingue el saldo a favor declarado debe, dentro del término perentorio de dos años, imponer la sanción por devolución improcedente, sin que previamente se deba agotar el procedimiento contra aquel en sede administrativa o judicial.
Por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones.