La DIAN publicó en su página web el Proyecto de Resolución: «Por medio de la cual se modifica la Resolución 000017 de 19 de febrero de 2024 «Por la cual se autoriza a los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera el apoyo temporal a los empleados públicos de la DIAN en las funciones y competencias que corresponde desarrollar a la Entidad en materia aduanera y cambiaria en zona primaria aduanera durante el año 2024».
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Corte Constitucional declara exequibles lo numerales 1, 2 y 3 y el parágrafo 6 del artículo 240-1 del Estatuto Tributario, que regulan la tarifa del impuesto sobre la renta para usuarios industriales de zona franca.
La jurisprudencia constitucional le ha reconocido a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar el derecho a que los hechos y pruebas que aporten sean valorados y, además, con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, a efectos de reconocerlas como miembros de un grupo discriminado que debe recibir un tratamiento diferenciado y favorable frente a sus derechos.
El estado de mora no genera la pérdida de la calidad de cotizante activo del trabajador, en la medida que el retardo en el pago de las cotizaciones constituye una conducta que no puede atribuírsele, ni menos puede generar los efectos de una desafiliación.
La empresa estaba en condiciones de suministrarle la seguridad y protección a su empleado y, a pesar de ello, decidió retirar su esquema de seguridad, lo cual demuestra la desatención de sus deberes como patrono y, por tanto, su culpa patronal.
El demandante no satisfizo el requisito de demostrar una buena conducta en el ejercicio de su cargo como docente, por lo que no podía acceder al reconocimiento de la pensión gracia solicitada.
La pensión de invalidez de origen profesional que le fue otorgada por la ARL, es incompatible con la de vejez que persigue, porque las dos prestaciones provienen del mismo evento y cubren el mismo riesgo.
Cuando la Administración establezca la existencia de la diferencia patrimonial reseñada, al contribuyente le corresponde la carga de demostrar que la misma está justificada, pues de lo contrario constituye renta gravable.
El consumo de marihuana como hecho en sí mismo no es sancionable por el ordenamiento jurídico laboral, sino solo en la medida en que ello afecte negativa y directamente el desempeño de las funciones del trabajador.
Por el cual se adopta el protocolo de audiencias judiciales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones.
La tipificación de la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no puede condicionarse únicamente al hecho objetivo de que se haya otorgado una suma periódica superior a la legalmente establecida y que esta haya resultado de una disyuntiva hermenéutica, sino que, la razón para reconocer el incremento debe ser fruto de una infracción evidente y contraria al ordenamiento jurídico.
La reserva bancaria, aún respecto de aquellos datos cobijados por el derecho a la intimidad, no es absoluta.
No se cumplió con el requisito de inmediatez por dejar pasar más de un año desde el fallecimiento de la causante de la pensión, sumado a que la pretensión no resultaba coherente con la necesidad inmediata de protección del mínimo vital.
En materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa.
No es claro que la videovigilancia en los salones de terapia tenga la capacidad de producir seguridad para los NNA que acuden a dicho tratamiento - (Habeas data).
En materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la ley que se debe aplicar es la que esté vigente en el momento en que se habría consolidado el derecho, es decir, la que rige a la fecha del fallecimiento del causante.
Las capacitaciones y la información que el trabajador tuvo fueron insuficiente para garantizar y velar por su integridad.
Revocatoria de los actos administrativos.
La Corte declaró exequible el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 2299 de 2023, por el cargo examinado. Concluyó que no se infringe el principio de unidad de materia (Arts. 158 y 169, CP.)
Por incumplir el requisito de impacto fiscal, es inconstitucional la Ley 2288 de 2023, “por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica sobre Asistencia Judicial en Materia Penal”.
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