Administrativo

  • Por la cual se fortalece la lucha contra el maltrato animal y se actualiza el estatuto nacional de protección de los animales ley 84 de 1989-Ley Ángel.

  • Por la cual se promueve el desarrollo de alternativas tecnológicas en materia de seguridad, vigilancia privada e inspección de sustancias u objetos, se mejora el bienestar de los perros usados en estas actividades, y se dictan otras disposiciones.

  • La sanción por expedir documentos del sistema de facturación sin cumplir los requisitos establecidos no se restringe únicamente a la representación gráfica de dichos documentos.

  • Las indemnizaciones otorgadas a víctimas de violaciones de derechos humanos, reconocidas en decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, están sujetas a retención en la fuente cuando incluyen componentes de daño material (lucro cesante) y daño inmaterial, aplicando la tarifa correspondiente conforme al artículo 401-2 del Estatuto Tributario.

  • El requerimiento para declarar y/o corregir, como acto previo y obligatorio en el procedimiento de determinación oficial, es el acto administrativo que tiene la facultad de impedir la caducidad de la potestad fiscalizadora y sancionatoria de la UGPP, y no el requerimiento de información.

  • Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 45 y 46 de la Ley 2294 de 2023 en relación con la implementación de la política de catastro multipropósito en territorios y territorialidades indígenas, y se adiciona el Capítulo 8 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, las Secciones 1 al 9 al Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, las Sub secciones 1 al 7 a la Sección 5 del Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, y las Sub secciones 1 al 2 a la Sección 7 del Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, «Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de información Estadística».

  • La importación de armas y municiones realizadas por INDUMIL o en su representación, no causará el IVA, siempre que esté destina a la defensa nacional y de uso privativo de las Fuerzas Militares y la Policía, lo cual deberá certificarse a través del documento que expide el Ministerio de Defensa Nacional señalado en el artículo 1.3.1.9.1. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.

  • La responsabilidad del contador público al emitir una certificación con efectos tributarios o legales, es relevante e implica la verificación de información en dichas materias y está regida en las normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio profesional, en especial la Ley 43 de 1990 y las Normas de Aseguramiento de la Información (DUR 2420 de 2015) y, de no hacerlo, se podría exponer a una serie de sanciones civiles, penales, administrativas y disciplinarias.

  • Para que una acción de desestimación prospere, el demandante debe acreditar, conméritos suficientes, que se han excedido los fines para los cuales fueron creadas las formas asociativas, y dado que se trata de una medida excepcional, recae sobre el demandante una carga probatoria de gran exigencia.

  • Se observa que la multa debatida responde a la aplicación de las disposiciones sancionatorias contenidas en el artículo 651 del ET, que están amparadas en el principio de legalidad que gobierna el ejercicio del poder punitivo del Estado.

  • Se busca modificar la ley 80 de 1993 que expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

  • La DIAN publicó en su página web el Proyecto de Resolución: «Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000162 el 31 de octubre de 2023».

  • Si la empresa financiadora está exceptuada de la obligación de facturar no debe expedir factura ni documento equivalente. Si la empresa financiadora está obligada a facturar, deberá evaluar si puede expedir un extracto como documento equivalente.

  • Los conductores de vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor, indistintamente de la modalidad deben ser contratados laboralmente por las empresas de transporte en los términos establecidos en el artículo 22 y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo.

  • Por medio de la cual se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por el brote causado por el virus de fiebre amarilla y se adoptan medidas para su prevención y control.

  • Obligación de las Comisarías de Familia de autorizar los desplazamientos a otras instituciones de salud de pacientes que se encuentran en estado de abandono.

  • Indistintamente del valor de saldos a favor por operaciones gravadas que no pueden ser objeto de devolución y/o compensación que se generen en las declaraciones del impuesto sobre las ventas, el tratamiento que resulta aplicable es su imputación en el período  siguiente, y para el efecto deberá incluir dicho valor en el renglón 92 del Formulario 300.

  • La aplicación de los criterios diferenciales a favor de los emprendimientos y empresas de mujeres no se extiende frente a aquellas personas jurídicas cuyos accionistas sean otras personas jurídicas.

  • Si la empresa prestadora no actúa como un genuino empresario en la ejecución del contrato comercial base, bien sea porque carece de una estructura productiva propia y/o porque los trabajadores no están bajo su subordinación, no se estará ante un contratista independiente sino frente a un simple intermediario que sirve para suministrar mano de obra a la empresa principal.

  • ¿Cuál es la base gravable del impuesto de timbre en los contratos de arrendamiento cuya vigencia sea superior a un año?