La Corte declaró la inexequibilidad de la norma que autorizaba imponer una inhabilidad de cinco (5) años a parientes y asociados de quienes hayan dado lugar a la cancelación de la habilitación de un organismo de apoyo a las autoridades de tránsito (OAAT), al advertir que su contenido vulneraba el principio de responsabilidad personal y la presunción de inocencia.