Para la estructuración del tipo penal, no es indispensable que el beso para que tenga connotación de acto sexual deba estar acompañado del tocamiento de otras partes del cuerpo, basta que el mismo sea consecuencia de la libido de su autor o responda a la finalidad de despertar la del otro.
Si bien la indemnización moratoria se causa en torno a la prestación social, lo cierto es que no depende directamente de su reconocimiento ni hace parte de aquel.
Corte reitera que ante diversas interpretaciones razonables de las normas convencionales tanto las autoridades administrativas como los jueces deben aplicar el principio in dubio pro operario y escoger la opción que realice los derechos del trabajador conforme a la Constitución.
Las erogaciones que tienen como objetivo mejorar las condiciones y la motivación de los empleados para asegurar el desempeño de sus labores, son deducibles del impuesto sobre la renta.
La aquiescencia de la actora para acudir a una forma de contratación distinta a la laboral cuando en realidad se trata de un verdadero contrato de trabajo, no exime al patrono de ser condenado al pago de las indemnizaciones, si no demuestra que su actuar estuvo revestido de buena fe.
Corte precisa las reglas sobre el deber de los jueces penales de motivar la captura del acusado declarado culpable, cuando esta se ordena en el anuncio del sentido del fallo condenatorio o en la sentencia.
Es improcedente tipificar el delito de violencia intrafamiliar en agresiones de ex parejas que ya no comparten su sitio de residencia, con independencia de que tengan hijos en común, al ser necesaria la convivencia de los protagonistas de esos hechos para la configuración de la conducta punible.
La notificación por correo de las actuaciones de la administración se practica mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente en el RUT. Esto por cuanto es deber del contribuyente o declarante registrar la información de ubicación en esa base de datos y mantenerla actualizada.
Se declara la nulidad de los Artículos 6 del Decreto 658 de 2008, 8 de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 9 del decreto 657 de 2008, 4 de los Decretos 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011, 848 de 2012, 1034 de 2013, 204 de 2014, 1105 de 2015, 234 de 2016, 1003 de 2017 y del 338 de 2018, decretos que regulaban la prima especial de servicios para funcionarios de la Rama Judicial.
Corte Constitucional reitera que el Acuerdo 049 de 1990 aplica para el reconocimiento de la pensión de vejez a las personas beneficiarias del régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, sin que se pueda condicionar su aplicación a que aquellas hayan estado afiliadas al Instituto de Seguros Sociales (ISS) antes de la vigencia de dicha ley.
En los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado.