Por la cual se adopta la versión -4- de los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020.
Si el empleador tiene conocimiento de que el trabajador ha incurrido en alguna de las situaciones de abuso del derecho descritas en los numerales 1, 2 y 6 del artículo 2.2.3.7.1 del Decreto 780 de 2016, podrá poner a consideración de las EPS o EOC dichos eventos con el fin de que se inicie el procedimiento administrativo.
En el caso particular de la «arepa» y ante la variedad que de este producto existe, está la posibilidad de que algunos tipos estén comprendidos en la partida 19.05 y otros, en otras partidas de la nomenclatura arancelaria; todo ello dependerá de los componentes que participan, el proceso de elaboración o la forma de cocción, entre otras características.
Las garantías para realizar tareas de cuidado y hacer compatible el trabajo con la vida personal, familiar y laboral se extiende a todas las personas trabajadoras con responsabilidades familiares de cuidado.
En el tenor del artículo 658-1 del ET la conducta sancionable no se origina por la firma de los estados financieros ni de los informes o certificaciones que sirvan de sustento a la declaración tributaria, sino que además se requiere que la revisora fiscal hubiere atestado con su firma la declaración o la contabilidad en que se hubiere incurrido en un costo o deducción inexistente, sin hacer la correspondiente salvedad.
Cumplimiento de las normas de protección al consumidor financiero.
En caso de que aún persistan obligaciones pendientes y el RUT esté cancelado, el responsable deberá solicitar su reactivación, según el artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016.
Multa por inasistencia asamblea de copropietarios.
Son nulos por desconocer el principio de confianza legítima, los actos administrativos expedidos por la CRA, por medio de los cuales cobra la tasa por utilización de aguas en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012, si otra autoridad ambiental liquidó dicho tributo para el mismo periodo y frente al mismo destinatario.
El acceso a la justicia a través del proceso verbal que previó la Ley 1561 de 2012 es un fin importante, que debe preservar las actuaciones judiciales, considerar la situación del campesinado y su relación con la tierra, así como salvaguardar los derechos de los funcionarios judiciales responsables.