El beneficio tributario contenido en el artículo 256-1 del Estatuto Tributario se refiere únicamente al crédito fiscal que permite la compensación del 50% de las inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, o en la vinculación de capital humano de alto nivel, por el valor del impuesto a cargo del período o sumado al saldo a favor de este, según corresponda.
Las empresas que prestan el servicio público de transporte de pasajeros en las rutas de influencia están obligadas a expedir factura electrónica de venta o documento equivalente puesto que no existe una norma especial (ley o decreto) que las exceptúe de esta obligación formal en materia tributaria.
Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones sociales.
Para que el empleador pueda exonerarse de la responsabilidad derivada de un accidente de trabajo, debe demostrar haber actuado con diligencia y cuidado para prevenir o evitar su ocurrencia, máxime cuando se trate de actividades de altísimo riesgo para la vida y la integridad del trabajador.
Lineamientos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la Agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos en cumplimiento de la Ley 2046 de 2020.
Decimoquinta adición al Concepto General sobre el impuesto sobre la renta a cargo de las personas jurídicas con motivo de la Ley 2277 de 2022.
Funciones del revisor fiscal en propiedad horizontal.
Para establecer la base gravable de la «cuota de fiscalización» corresponde verificar el presupuesto de la entidad sometida a vigilancia y control, con miras a determinar los ingresos ejecutados (i.e. recaudados) en la vigencia fiscal anterior a la que corresponde el tributo.
La Corte dejó sin efectos la decisión del Consejo de Estado que anuló la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general impuesta por la Procuraduría General de la Nación en el año 2014 al entonces alcalde. Reiteró su precedente sobre la competencia de dicho ente de control para disciplinar a los servidores públicos de elección popular, contenido en las sentencias SU-381 y SU-382 de 2024, y destacó el carácter vinculante de sus pronunciamientos de constitucionalidad.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 46 de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 095 de 2023.