Por la cual se adopta medidas transitorias para el abastecimiento de la demanda debido a las condiciones energéticas del Verano 2023-2024 durante el Fenómeno de El niño del mismo período, y se dictan otras disposiciones.
Se reconsidera lo expuesto en el Descriptor 1.1.5. del Concepto Unificado de la Obligación de Facturar y Sistema de Factura Electrónica No 106 del 19 de agosto de 2022, concluyendo que el retiro de inventarios para autoconsumo no debe facturarse.
Los intermediarios de seguros pueden optar por el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación, para efectos de dicho impuesto y sus anticipos deberán tener en cuenta la tarifa prevista para «Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales».
Los comportamientos que afectan las manifestaciones públicas y reuniones privadas también incluyen todas las formas de irrespeto a las personas en condición de discapacidad.
Es constitucional la inhabilidad por parentesco para contratar con entidades territoriales hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Instrucciones transitorias para la gestión de los microcréditos de deudores que se acojan a medidas de modificación.
La Resolución No.1407 de 2018 no tiene relación alguna con el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas dispuesto en el artículo 512-15 del Estatuto Tributario, por cuanto la Ley no previó ningún mecanismo de no causación o exención de dicho impuesto para las empresas que se encuentren acogidas o sean beneficiarias del plan colectivo.
Las Entidades Estatales que adelantan sus procesos de contratación con ESAL bajo la aplicación del Decreto 092 de 2017, deberán acatar las reglas dispuestas en este, salvo en los casos excepcionales en los que dicho decreto remita la aplicación del EGCAP.
La declaración renta como medio de prueba para liquidar los aportes al SPS debe tener en cuenta no solo los ingresos sino también los costos y gastos que aminoran la base, toda vez que la presunción de veracidad ampara tal declaración de forma integral.
Son las entidades territoriales las que tienen la obligación de analizar caso a caso si el servicio de transporte resulta indispensable para garantizar el derecho a la educación, teniendo en cuenta las particularidades del estudiante y los criterios de priorización establecidos en cada municipio.