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Módulo
Normatividad al Día
Este módulo compila la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia más reciente que emiten los organismos administrativos y las altas cortes; se actualiza diariamente y se clasifica por Tipo y por Tema.
La DIAN publicó en su página web el Proyecto de Resolución: «Por la cual se prescribe el formulario No. 260 «Declaración anual consolidada» para el año gravable 2024 y siguientes».
Los comentarios serán recibidos hasta el 30 de septiembre de 2024, en el correo electrónico
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Reiteración de la doctrina expuesta por esta Entidad en el Concepto General Unificado - Estampilla Pro Universidad Nacional No. 007546 de 2020, en los Oficios Nos. 902454 de 2021 y 000734 del 09 de febrero de 2023, así como en los Conceptos Nos. 003183 – del 30 de mayo de 2023 y en el 004180 del 21 de julio de 2023.
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Adición al Concepto Unificado No. 0106 del 19 de agosto de 2022 – obligación de facturar y Sistemas de Factura electrónica.
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En la facultad del contribuyente para modificar de manera voluntaria las declaraciones, los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario señalan la oportunidad para hacerlo, sujeto a unos eventos puntuales, esto es (i) si se aumenta el impuesto o disminuye el saldo a favor, o (ii) si se disminuye el valor a pagar o aumenta el saldo a favor.
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- Visto: 57
La sanción se causa cuando la administración incurre en mora en el pago de las cesantías, bien sea que previamente hayan sido liquidadas mediante acto administrativo debidamente ejecutoriado, o, en aquellos eventos en que la administración no se pronuncie o se pronuncie tardíamente frente a la solicitud del pago del auxilio de cesantías.
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Se busca fortalecer las JACS y otros organismos comunales como organismos comunales como organizaciones de la economía popular, comunitaria y solidaria.
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Límites del descuento tributario por impuestos pagados en el exterior.
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Subsidio familiar de vivienda por entidades territoriales.
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Corte Constitucional ratificó que la Procuraduría General de la Nación era competente para sancionar con destitución, inhabilidad y suspensión a servidores públicos de elección popular antes de la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia.
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Corte Constitucional dejó sin efectos la decisión del Consejo de Estado que anuló la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general, impuesta por la Procuraduría General de la Nación en el año 2012 al entonces senador de la República Eduardo Carlos Merlano Morales. Reiteró la jurisprudencia de este Tribunal sobre la competencia de la Procuraduría para disciplinar a servidores de elección popular, así como el efecto vinculante de sus pronunciamientos de constitucionalidad.
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