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Doctrina
Las indemnizaciones recibidas por cooperativas y fondos de empleados como beneficiarios de seguros de vida deudor para garantizar créditos otorgados no están sujetas a retención en la fuente.
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Toda vez que el arrendamiento tuvo destinación comercial, los cánones estaban gravados con IVA, conforme al artículo 420 del Estatuto Tributario (ET). La obligación tributaria se generó en el momento del pago del canon, sin importar que los valores hayan sido consignados judicialmente.
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El revisor fiscal deberá abstenerse de expresar una opinión cuando no sea posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros por incorrecciones no detectadas, si las hubiere, podrían ser tanto materiales como generalizados.
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El contribuyente puede optar por una tasa de depreciación inferior a la máxima fiscal, siempre que sea acorde a la técnica contable, justifique la vida útil aplicada y conforme a los correspondientes registros. La tasa fiscal máxima constituye un límite que no puede ser superado en la deducción del impuesto sobre la renta.
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Reconsideración de la Tesis jurídica No. 3 y de los considerando 16 a 22 del concepto 2025002687 de 5 de marzo de 2025.
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No se encuentran disposiciones que obliguen específicamente a la DIAN a eliminar las declaraciones tributarias, datos personales privados y semiprivados de sus bases de datos, independientemente del tiempo transcurrido desde su obtención o el vencimiento de los términos de firmeza de las declaraciones, caducidad para imponer sanciones o de la acción de cobro.
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Los organismos de acción comunal en principio no pueden considerarse mipymes sino entidades sin ánimo de lucro –ESAL–, pues no tienen dentro de su objeto el desarrollo de actividades de explotación en el sector de la economía solidaria.
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Las mercancías nacionales o nacionalizadas ubicadas en las instalaciones de zona franca no podrían hacer parte de una unidad funcional.
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La remisión como forma de extinción de la obligación tributaria, es distinta de otras como el pago, la compensación o la prescripción.
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El artículo 589 del Estatuto Tributario está condicionado a un plazo específico para realizar la corrección, que es dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración. Si el contribuyente no realiza la corrección dentro de este plazo, ya no podrá efectuarla.
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Las operaciones de deuda pública, incluyendo el cobro de intereses derivados de Acuerdos de Pago, no constituyen una venta de bienes o una prestación de servicios en los términos de las normas tributarias vigentes. En consecuencia, no están sujetas a la obligación de expedir factura electrónica.
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