Consejo de Estado anula cobro de cánones mineros por prescripción de la obligación contractual precisando la norma aplicable para estos asuntos.
En un sector como la minería, caracterizado por condiciones de alto riesgo y frecuente precariedad contractual, resulta imperativo garantizar que los trabajadores que han dedicado su vida a esta labor no sean desechados cuando su salud se deteriora.
El término supletivo de cuatro meses establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 aplica cuando no se estipula un plazo para la liquidación bilateral del contrato y que la solicitud de conciliación prejudicial presentada por una entidad pública, aunque no sea obligatoria, suspende el término de caducidad.
La obligación de constituir la reserva de utilidades prevista en el artículo 130 del Estatuto Tributario no se aplica cuando la diferencia entre la depreciación contable y la fiscal sea el resultado de la utilización del método de depreciación por línea recta.
Corte declaró inexequible la expresión según la cual la distribución de las partidas del presupuesto participativo que les corresponde a las Juntas Administradoras Locales requiere la aprobación de la mitad más uno de los integrantes de los Consejos Consultivos Comunales o Corregimentales, pues ello vulnera el artículo 318.4 de la Constitución Política.
El impuesto de timbre no se genera en la transferencia de bienes a entidades fiduciarias, porque no se configura la enajenación del bien al no existir transmisión de la propiedad.
Aplicación del método PC a partir de avalúos comerciales.
La mujer que esté lactando dentro de los dos años siguientes al nacimiento del bebé tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada.
Cuantificación del daño por fallas médicas.
Si bien, la habitualidad no es un criterio concluyente para definir el carácter salarial de un pago, si se demuestra que fue periódico y permanente, el empleador debe acreditar que no retribuyó directamente el servicio, pese a que se hubiera pactado su desalarización.
Entre el procedimiento sancionatorio y el de determinación existe un vínculo jurídico, pues el monto a reintegrar con los intereses moratorios incrementados depende del saldo a favor que determine la autoridad fiscal o la jurisdicción mediante sentencia, conforme con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 670 del Estatuto Tributario.