Por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.
La obligación de aplicar documentos tipo, y en general, las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se extienden no solamente a la celebración del contrato o convenio propiamente dicho, sino también a los compromisos contractuales derivados, según lo expresamente consagrado en el segundo inciso del artículo 56 de la ley 2195 de 2022.
Reporte de información en el caso del pago a un apoderado con faculta de recibir correspondientes a una indemnización en virtud de una sentencia judicial.
Es fundamental identificar y validar los ajustes contables en la adopción por primera vez de los marcos técnicos contables aplicables en Colombia, con el fin de determinar su correcta clasificación. Dependiendo del tipo de entidad, los efectos de dichos ajustes podrán destinarse a reservas no distribuibles o a la reinversión, siempre que cuenten con la aprobación de la instancia competente y se ajusten a los estatutos, leyes y regulaciones aplicables.
El término para acudir a notificarse personalmente se debe computar desde el día hábil siguiente a la introducción al correo del aviso citatorio.
Por medio de la cual se establecen medidas para prevenir, atender, rechazar, y sancionar la violencia contra las mujeres en política y hacer efectivo su derecho a la participación en todos los niveles.
El Impuesto Especial para el Catatumbo se causa: (i) en la primera venta; y (ii) en la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque al resto del mundo de hidrocarburos y carbón (e.g. cuando el adquirente lo exporta).
Etapas del proceso administrativo sancionador en materia de tránsito.
Contrato de Factoring sin recurso es un contrato independiente al contrato de corretaje de factoring.
Para los períodos fiscalizados -enero a diciembre de 2015- el ordenamiento jurídico sí establecía la base gravable sobre la cual los trabajadores independientes debían cumplir con la obligación de aportar al SSSI; y la declaratoria de inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no conduce a la nulidad de los actos demandados, sin que se evidencie la aplicación retroactiva de dicha norma.