El Documento de Orientación Técnica No. 21, sobre la aplicación de las normas de contabilidad e información financiera en el sector de economía solidaria, emitido por el CTCP el 20 de octubre de 2023, se encuentra vigente.
Procedimiento y tarifa de retención en la fuente derivado del pago que efectúa una entidad del Estado con residencia fiscal colombiana a una persona natural con residencia fiscal mexicana por concepto de prestación de servicios profesionales la cual realiza en México.
El legislador, en aras del principio de eficiencia, contempló que, en el sistema integral de seguridad social, una persona por un mismo evento se beneficie de una sola prestación, o de prestaciones diferenciales entre los subsistemas, mas no que se reconozcan de manera simultánea ante una misma contingencia o evento, y mucho menos si cumplen la igual función o finalidad.
Los bienes introducidos en forma irregular al territorio nacional no pueden ser objeto de libre disposición en negocios jurídicos posteriores (compraventa) invocando el principio de la buena fe de las actuaciones comerciales como eximente para apartarse de los deberes de cuidado y diligencia que estas actividades conllevan.
Por medio del cual se modifican los artículos 2.7.2.3.4.1 y 2.7.2.3.4.3 del Decreto 780 de 2016 y se adicionan los artículos 2.7.2.3.4.7,2.7.2.3.4.8 Y 2.7.2.3.4.9 a la Sección 4 del Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 7 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 -Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.
Por el cual se modifica el Decreto 1073 de 2015, en relación con los lineamientos de política energética en materia de autogeneración y producción marginal.
Si las autoridades tradicionales indígenas o a las uniones temporales integradas por ellas realizan actividades gravadas con el IVA son responsables del mismo y deberán cumplir con las obligaciones relacionadas con este. Inclusive, son agentes de retención de dicho impuesto en la adquisición de bienes y servicios gravados.
Es fundamental para las autoridades educativas actuar en procura de eliminar todas las barreras que puedan desincentivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, como son las que surgen de la distancia entre el centro educativo y su hogar.
En virtud de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, una de las posibilidades con las que cuenta el administrado para desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado, es con nuevas o mejores pruebas que las aportadas en sede administrativa, pues, legalmente no existe ningún impedimento para que no se puedan valorar pruebas diferentes a las tenidas en cuenta por la Administración, además, de que es carga de las partes, probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Por la cual se adopte el Plan de la Cultura de la Seguridad Social en Colombia 2025-2028.