Corte negó la solicitud de incidente de impacto fiscal promovida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la Sentencia C-489 de 2023.
Cuando la Administración establezca la existencia de la diferencia patrimonial reseñada, al contribuyente le corresponde la carga de demostrar que la misma está justificada, pues de lo contrario constituye renta gravable.
El consumo de marihuana como hecho en sí mismo no es sancionable por el ordenamiento jurídico laboral, sino solo en la medida en que ello afecte negativa y directamente el desempeño de las funciones del trabajador.
La tipificación de la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no puede condicionarse únicamente al hecho objetivo de que se haya otorgado una suma periódica superior a la legalmente establecida y que esta haya resultado de una disyuntiva hermenéutica, sino que, la razón para reconocer el incremento debe ser fruto de una infracción evidente y contraria al ordenamiento jurídico.
Es constitucional el Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, adoptado por la Sexagésima Séptima (67ª) Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito en Ginebra, Suiza, el 23 de junio de 1981 y exequible su Ley aprobatoria 2305 de 2023.
La reserva bancaria, aún respecto de aquellos datos cobijados por el derecho a la intimidad, no es absoluta.
No se cumplió con el requisito de inmediatez por dejar pasar más de un año desde el fallecimiento de la causante de la pensión, sumado a que la pretensión no resultaba coherente con la necesidad inmediata de protección del mínimo vital.
En materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa.
No es claro que la videovigilancia en los salones de terapia tenga la capacidad de producir seguridad para los NNA que acuden a dicho tratamiento - (Habeas data).
En materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la ley que se debe aplicar es la que esté vigente en el momento en que se habría consolidado el derecho, es decir, la que rige a la fecha del fallecimiento del causante.
Las capacitaciones y la información que el trabajador tuvo fueron insuficiente para garantizar y velar por su integridad.